El fiscal federal Agustín Chit pidió que investigue si Próspero Marcelo Sosa, ocupante del predio del parque Sierra de San Javier donde ha levantado el barrio privado “Las Pirámides” comete el delito de usurpación en el inmueble de la UNT. Tras analizar una serie de elementos vinculados con la construcción de viviendas en ese terreno y el desmonte realizado para la urbanización entre 2018 y 2023, el fiscal pide la apertura de una nueva causa y que se investigue también a empresas que pueden haber trabajado en ese lugar.
Sosa, que ocupa un extenso terreno, unas 4.600 hectáreas, del parque Sierra de San Javier, a la altura del km 28 de la ruta 338, en el límite con Villa Nougués, está en conflicto con la Universidad desde hace unas tres décadas. La Universidad lo querelló por la ocupación del terreno en 1998 pero la causa por usurpación se cayó en 2008, cuando la Justicia Federal lo sobreseyó por falta de acción. Sosa dice que él tiene derecho de posesión sobre el terreno donde vive su familia desde hace décadas y desconoce la entidad de la Universidad, que tiene títulos de esos terrenos, que fueron expropiados por la Nación para la UNT en 1948.
Tras haber sido sobreseído, el ocupante comenzó a construir su barrio privado en 2010. Ocho años después, cuando ya se habían construido unas 30 casas, la UNT inició ante la Justicia federal una nueva querella reivindicatoria para recuperar el terreno, advirtiendo que el predio estaba en zona de bosque nativo, que debe recibir total protección ambiental. En el marco de esa causa el juez federal dictó una resolución mediante la cual se le ordenó a Sosa y a toda otra persona que invoque algún tipo de interés particular “suspender de inmediato, toda construcción de vivienda, tala de árboles y de toda especie vegetal, parquizado de terreno y cualquier otra acción que deprede el sector”. Posteriormente se comprobó que siguió construyendo más casas.
Actuaciones
En diciembre, el fiscal Chit dijo que se había ordenó la formación de actuaciones complementarias con el objeto de investigar la posible comisión del delito de usurpación en los inmuebles de la UNT. “A tales fines se certificaron las diferentes causas en trámite en este fuero, iniciadas por la UNT, a los fines de evitar el avance del proyecto inmobiliario denominado ‘Las Pirámides’, en desmedro del derecho de propiedad de esa universidad, pero también en clara actividad depredatoria del ambiente, con el consiguiente avance constructivo sobre la foresta, la flora y la fauna de esa área protegida. De esta manera se documentaron las medidas cautelares dictadas y se procuró identificar a las personas que habrían adquirido lotes en dicho predio”, explicó. Además de ello, se requirió a la Dirección de Regularización Patrimonial de la UNT que remita toda la información del emprendimiento “Las Pirámides”. “En lo que respecta a si hubo nuevos hechos violatorios de la medida cautelar vigente, informo a la Sra. Secretaria que aporto con este escrito una evidencia procesal decisiva de que el procesado Sosa no solo se maneja en la más absoluta impunidad, violando sistemáticamente las órdenes judiciales, sino, y lo que es peor, su conducta es la de un verdadero depredador ambiental”, respondió el abogado de la UNT, Máximo Castro. “En efecto, se adjunta a la presente imágenes del predio tomadas el 15/12/2018 y las últimas que datan de fecha 25/08/2023. En ellas podrá ver cómo durante estos últimos cuatro años se construyeron una treintena de casas, se desmontó y se abrieron caminos, sin atender a la expresa prohibición legal y judicial”. Castro acompañó dos imágenes satelitales, una de 2018 y la otra de 2023, “de las que surgen claramente los avances del emprendimiento Las Pirámides sobre el área protegida perteneciente al Parque Sierra San Javier”, expresó el fiscal.
Chit dijo que también se realizaron relevamientos de redes sociales relacionadas a las ventas de lotes en “Las Pirámides” y/o de Sosa relacionados a la venta de lotes en el parque cerro San Javier, así como “relevamientos de las empresas que podrían haber realizado movimientos de suelo en la zona, compulsa de actuaciones judiciales, en los que fueron identificados algunos actuales ocupantes. Se solicitó informe a la empresa prestataria del servicio eléctrico EDET S.A. y a la Dirección General de Catastro, Secretaría de Hacienda de la Provincia de Tucumán. Por ello, analizadas las actuaciones y los informes obrantes en autos, atento a que entiendo que se encuentran reunidos elementos que permiten a este MPF sostener la existencia de nuevos hechos que dan cuenta de la comisión de delitos de acción pública, remito esta actuación complementaria, y solicito se forme una nueva causa penal y se remita a la Fiscalía que por turno corresponda a los efectos de investigar tales hechos ilícitos”. El juez Guillermo Molinari ordenó que se inicien las actuaciones para que se sustancie la nueva causa.